Antes de la segunda guerra mundial los derechos de los estados estaban por encima de los derechos de las personas. Pero a consecuencia de las atrocidades que se cometieron en la guerra, todo esto cambió. Se creó la ONU, y todos los países, incluyendo la España de Franco, firmaron la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahora los derechos de las personas están por encima de los derechos de los estados. Incluso se puede expulsar de la Unión Europea a un estado por no respetar los derechos humanos.
Veamos lo que dice la ley en vigor en España.
El Artículo 10.2 de la constitución española reconoce la precedencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los tratados y acuerdos internacionales en la interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales:
“Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.”
El Artículo 96.1 de la constitución española convierte los tratados internacionales en ley:
“Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.”
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es uno de esos “tratados internacionales ratificados por España”, y en su Artículo 1.1 establece que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación:
“Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.”
El Artículo 1.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que todos los estados deben promover y respetar este derecho:
“Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.”
En resumen, el estado español tiene la obligación de promover un referéndum de autodeterminación en Cataluña porque, según la constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es ley en España. El derecho de autodeterminación de Cataluña está claro como el agua en la ley internacional y en la constitución española.
¡Sorpresa!
El estado español nos ha engañado. Los catalanes que piden un referéndum son los verdaderos constitucionalistas, y los partidos “constitucionalistas” lo que en realidad quieren es volver a los tiempos previos a la constitución, cuando los derechos de los estados estaban por encima de los derechos de las personas.
Mantener a Cataluña sometida por la fuerza no es aceptable en la Europa del siglo XXI. Carles Puigdemont fue juzgado y absuelto del delito de rebelión por un tribunal alemán. Más aún, el tribunal concluyó que no ha habido rebelión. Gracias a Puigdemont los independentistas catalanes ya han ganado porque la justicia europea no va a contradecir la resolución del tribunal alemán. Aunque el supremo condene a los presos, Europa los absolverá.
Puigdemont tiene un excelente equipo de abogados internacionales al servicio de su causa. No hay más que ver que ni un solo país europeo ha entregado a ninguno de los exiliados. Un tribunal belga incluso ha admitido una querella contra el juez instructor Llarena.
Además, y de forma incomprensible, España sigue violando los derechos de los presos. El tribunal supremo español está juzgando unos hechos que ya han sido juzgados por un tribunal alemán, y muchos cargos públicos españoles están violando la presunción de inocencia de los presos llamándolos “golpistas”.
Estas violaciones no hacen sino empeorar la imagen de España ante la justicia europea. Y además son inútiles. Tan pronto como la justicia europea absuelva a los presos, los independentistas podrán convocar todos los referéndums que quieran. Esto ya ocurrió cuando Europa revocó la condena a dos jóvenes por quemar fotos del rey. Hoy cualquiera puede quemar fotos del rey en público.
Por eso creo que tanto los catalanes unionistas como el resto de españoles deberíamos votar el 28 de abril a partidos que estén dispuestos a solucionar esto de una forma legal y civilizada, convocando un referéndum como los de Escocia y Quebec. Aunque sea un referéndum en toda España. Así se evitará que los tribunales europeos den la razón a los independentistas y se produzca un caos como el del brexit si Cataluña usa su derecho de autodeterminación para independizarse de forma unilateral.
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