La transición hacia la autodeterminación

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No entiendo la polémica que quieren crear algunos sobre si existe o no el derecho de autodeterminación de los pueblos. Es obvio que existe puesto que es un corolario del derecho humano más fundamental: la igualdad en dignidad y derechos. Todos los derechos verdaderos (aquellos que no nos da nadie, sino que nadie está facultado para quitarnos) se derivan de la igualdad. Nadie es súbdito de nadie, y por eso sólo cada uno puede decidir por sí mismo. Nadie puede decidir por otros. A lo más puede representarlos en tanto que éstos no decidan elegir otro representante.

El derecho de autodeterminación es unilateral por definición. Si no fuera unilateral sería un derecho de “codeterminación”, lo que es contrario a la libertad individual y en la práctica se convierte en la dominación del fuerte sobre el débil. Por tanto, quien no apoya la unilateralidad en el ejercicio del derecho de autodeterminación de Catalunya, lo que en realidad está haciendo es apoyar al imperialismo español.

El concepto de “pueblo”, que los estados mantienen indefinido porque no les conviene definirlo, tiene pues un significado claro y unívoco en este contexto. Un pueblo es cualquier conjunto de personas que decide unirse para ejercer su derecho de autodeterminación y librarse del control de un estado, ya sea para formar un estado propio o para unirse a otro estado. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en realidad es redundante, puesto que los derechos que recoge se derivan de la igualdad.

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Pero a los estados hay que obligarles a firmar cada consecuencia de cada derecho fundamental porque en caso contrario es muy difícil hacerles entender y respetar aquello que no quieren entender porque no les conviene respetarlo.

Así es como los exiliados catalanes, con el president Puigdemont a la cabeza, se están viendo obligados a defender el derecho de autodeterminación del pueblo catalán en los tribunales europeos porque al Estado español no le conviene aceptar que los catalanes decidan su futuro. Si no fuera por el exilio catalán, el efecto del juicio al procés hubiera sido similar (excepto por los muertos) al hecho de bombardear Barcelona; toda una generación de políticos catalanes estaría en la cárcel y Catalunya habría quedado sometida por muchos años.

La alternativa a la autodeterminación es el sometimiento eterno de las minorías a la voluntad de la mayoría. Y esto es incompatible con la existencia misma de los derechos humanos. La regla de la mayoría no es más que otra forma de tiranía si la minoría no puede librarse de ella formando su propio estado. Esta posibilidad de decidir por uno mismo es lo que distingue una democracia de una simple dictadura de la mayoría. De hecho, la autodeterminación es lo único que puede evitar la deriva autoritaria de una democracia. Sin autodeterminación, la tentación de abusar de las minorías se vuelve irresistible para el estado porque no hay beneficio más fácil y seguro que el que se obtiene abusando del que no puede defenderse ni huir.

A los juristas tradicionales les enseñaron que el soberano es el rey, y de hecho siguen impartiendo la justicia “en nombre del rey”. Puede que por eso les esté costando tanto trabajo asimilar las implicaciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); por ejemplo, que el derecho de autodeterminación está por encima de la Constitución. Desde que la DUDH se convirtió en la base del derecho internacional ya no es legal construir el estado de arriba abajo (con el rey liderando su ejército a la conquista de nuevos territorios). Ahora los estados deben construirse (o cambiarse) de abajo arriba mediante la autodeterminación, tal como se intentó hacer en Catalunya el 1 de octubre de 2017.

Como ya escribí en mi anterior artículo, la mentalidad autoritaria sigue plenamente vigente dentro del aparato del Estado español. Incluso en los partidos de “izquierdas” como el PSOE. Por ejemplo, dice Meritxell Batet que “El derecho de autodeterminación no existe. Los derechos existen en tanto existe una norma jurídica que los respalde”. Y Carmen Calvo añade “Desde el gobierno español no entenderemos que la justicia belga no entregue a Puigdemont. Desde el poder ejecutivo no lo respetaremos. Tomaremos decisiones”.

Para empezar, no hay actitud más autoritaria que la de afirmar que un derecho no existe a no ser que esté recogido en una “norma jurídica” reconocida por el estado. Es el tipo de mentalidad que hace a Felipe VI creer que los españoles le debemos lealtad a él en vez de ser al revés. La señora Batet está completamente equivocada. La autodeterminación es la base del derecho y no al revés. Son los poderes del estado los que emanan del pueblo, no los derechos del pueblo los que emanan del estado. En cuanto a la señora Calvo, no sólo no respeta las decisiones de la justicia cuando no le convienen, lo que ya sería una violación de la separación de poderes, sino que va más allá y amenaza a la justicia de otro país. Si esto no es imperialismo se le parece mucho. El hecho de que hayan sido dos mujeres socialistas las que han hecho estas afirmaciones deja claro hasta que punto la clase política española es autoritaria y contraria a permitir el libre ejercicio de los derechos humanos.

En mi opinión, las leyes deberían escribirse en un lenguaje formal (una especie de lenguaje de programación) y antes de aprobarse cada nueva ley debería verificarse mecánicamente (sin intervención humana) que la candidata a nueva ley no se contradice con ninguna de las leyes en vigor (salvo que derogue aquellas que la contradicen). Esto permitiría evitar debates estériles sobre, por ejemplo, si el derecho de autodeterminación está vigente en España o no. Por supuesto que lo está, pero esta aparente indefinición interesada causada por la redacción farragosa de las leyes le conviene mucho a estados tramposos como España porque le permite quedar bien en la escena internacional firmando pactos sobre derechos humanos y al mismo tiempo le permite abusar cuanto quiera de las minorías sin respetar esos mismos derechos alegando que no están vigentes.

A España nunca le ha importado incumplir la legalidad internacional. Por ejemplo, el artículo 21.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos requiere elecciones auténticas periodicas, y por tanto excluye dictaduras vitalicias como la de Franco. Pero eso no impidió a Franco solicitar el ingreso de España en la ONU y, lo que es más grave, tampoco impidió a la ONU aceptar el ingreso de una dictadura.

España necesita que el movimiento de liberación de Catalunya, con la ayuda de Europa, la libere de la pesadilla autoritaria en la que ha vivido durante toda su historia

Es extremadamente importante apoyar a los exiliados catalanes en su enfrentamiento con el Estado español porque la única forma de conseguir que España complete la transición de estado autoritario a democracia es obligándola a aceptar el derecho de autodeterminación. España no puede salvarse a sí misma del autoritarismo porque en España hasta la izquierda “radical” de Podemos simpatiza con la monarquía. España necesita que el movimiento de liberación de Catalunya, con la ayuda de Europa, la libere de la pesadilla autoritaria en la que ha vivido durante toda su historia. Los republicanos españoles defensores de los derechos humanos debemos apoyar al independentismo catalán porque su lucha es también la nuestra. La de todos. España no negociará nada por las buenas. Nunca lo ha hecho.