Buenas tardes. Mis primeras palabras son para suscribir todo lo que ha dicho mi defensa y para agradecer el trabajo de mis abogados, por el señor Xavier Melero i Judit Gené, también por todos los miembros de la defensa, creo que han hecho un trabajo muy importante. También quisiera agradecer a la familias, a todas nuestras familias, a todas las personas que nos han acompañado durante estas 52 sesiones en el Tribunal supremo y, aun mas, a las personas que desde el primer día que en mi caso entre en la prisión, el 2 de noviembre, ahora ya hará casi 600 días, nos han acompañado, nos han dado su apoyo y nos han dado su estima. Pasaré a exponer algunas consideraciones en este alegato ante el tribunal.
Hago política desde los 17 años motivado por el deseo de cambiar las cosas, por un compromiso ético y social y por una voluntad de mejorar el país y la sociedad en los que vivo. He participado a lo largo de mi vida en infinidad de iniciativas culturales, cívicas y sociales impulsadas desde el tejido asociativo catalán. Siempre he fundamentado este compromiso personal en unos valores democráticos y de respeto a la persona como eje de toda actuación. Quizás les sorprenderá que explique esto en esta introducción, pero para mí es muy importante dejar claros los principios que siempre han impulsado mi actuación política, mi actuación personal y de los que nunca me he desviado.
Segunda consideración. Niego rotundamente que mi actuación como miembro del gobierno de Catalunya tuviera como objetivo liquidar la constitución y atacar el orden constitucional utilizando la violencia como aquí se ha afirmado. Si hoy estamos ante este tribunal es por un fracaso de la política y como castigo al desafío político que representó la organización del referéndum del 1 de octubre. Un referéndum que contaba con el aval de una mayoría muy cualificada del Parlament de Catalunya y también con el apoyo muy mayoritario de la sociedad catalana. Desde el gobierno siempre pensamos que había otra manera de interpretar la ley, que ésta no está fosilizada y que una interpretación más flexible permitiría llegar a un acuerdo que condujera a una salida pactada a nuestras reivindicaciones. Esta voluntad de pacto se manifestó reiteradamente antes y después de la celebración del referéndum. Desgraciadamente nuestras demandas nunca hallaron respuesta por parte del gobierno español. Son innumerables los intentos por llegar a un acuerdo para establecer una negociación o simplemente iniciar un diálogo con el estado. No me alargaré enumerándolos porqué durante este juicio creo que se han podido escuchar muchos ejemplos. En ningún momento escondimos nuestra intención, nuestra voluntad de celebrar el referéndum. Siempre se actuó con una total transparencia como ya se había hecho durante la consulta del 9 de octubre.
El 1 de octubre fue más que un referéndum, fue una manifestación de valores democráticos, de civismo, de ciudadanía y de dignidad. Este tribunal ha podido oir numerosos testigos que acudieron a votar aquel día. No se votaba contra nadie ni contra nada. Fue una manifestación en favor de la democracia y del derecho a decidir. Los ciudadanos acudieron a votar, no abducidos por el gobierno de la Generalitat, como se ha querido dar a entender. Lo hicieron con plena conciencia de su voluntad de ejercer el derecho de voto. Ustedes han podido oir expresiones de alguno de los testigos que decían “fue el día feliz de mi vida, el más importante de mi vida, una fiesta de la democracia, no lo olvidaré nunca”. Esto es lo que expresa la gente cuando se le pregunta por su recuerdo del 1 de octubre que marcará a muchas generaciones de catalanes. Fue un hecho extraordinario y de un gran valor democrático que más de 2 millones y trescientas mil personas participasen en un referéndum a pesar de la muchas trabas y obstáculos que se les impusieron aquel día. Cuando esto sucede, los gobernantes tienen el deber de preguntarse cual es la razón, el origen de dicha movilización, cuales son los motivos que invitan a tanta y tanta gente a expresar sus sentimientos y sus anhelos. Los gobernantes responsables no deberían reaccionar judicializando un conflicto político sino buscando soluciones políticas.
Me reitero también sobre el carácter pacífico del referéndum y de todas las manifestaciones y concentraciones que se produjeron durante los meses de septiembre y octubre. Nunca se animó ni se fomentó ningún acto de violencia, sino todo lo contrario. Siempre se ha actuado con la máxima exigencia cívica y pacífica. Esta ha sido una constante del gobierno y de la sociedad en general. No se trata de una opción estratégica, se trata de una convicción arraigada en el sentir de la sociedad catalana, que siempre, siempre ha rechazado cualquier expresión de violencia. El 1 de octubre se votó en unos dos mil centros. Durante el juicio, tanto los testigos como las imágenes que hemos visualizado, se refieren a menos de una veintena de centros donde se produjeron incidentes en el territorio de Catalunya. Incidentes que, provengan de donde provengan, condenamos, pero que en ningún caso pueden enturbiar el carácter pacífico de la votación. El cuerpo de Mossos d’Esquadra siempre cumplió con las ordenes de la fiscalía y con los mandamientos judiciales. Nunca recibieron por parte mía o por parte de ningún miembro del gobierno instrucción alguna para dejar de cumplir con sus obligaciones como policía judicial. Mis declaraciones en favor de la celebración del referéndum nunca interfirieron en las obligaciones de la policía, sino que expresaban mi apoyo al compromiso político del gobierno.
El ministerio fiscal empezaba su informe de conclusiones afirmando que no se persiguen ideas políticas. Y permítanme que ponga en duda esta afirmación. Ustedes, el ministerio fiscal, se han esforzado en convercernos que esto es así, pero la realidad de los hechos les desmiente. En el auto del 2 de febrero del 2018 el juez instructor justificaba mi permanencia en prisión incluso después de haber renunciado a mi acta de diputado, decía concretamente que era debido al mantenimiento de mis ideas políticas soberanistas. En el auto, el juez reconocía que este ideario es la expresión de mi legítima libertad ideológica pero que a causa de la coexistencia de mis ideas y, cito textualmente, en un contexto en el que no hay certeza de que haya desaparecido la intención de alcanzar la independencia de Catalunya, resolvía que debía permanecer en prisión preventiva. Se me condenaba, por tanto, por mis ideas, por la permanencia de mis ideas en un contexto político determinado. Hoy vuelvo a solicitar la libertad. He dado suficientes pruebas a lo largo de este juicio de mi voluntad de colaboración. Esta a sido en todo momento mi intención y a mis actos me remito. El 2 de noviembre fui a declarar a la audiencia Nacional. En aquel momento yo ya conocía el contenido de la querella presentada por la fiscalía. Volví desde Bruselas y fui a declarar. Recibí la querella en un día festivo, con menos de veinticuatro horas de antelación a la citación y sin apenas disponer de tiempo para reunirme con mi abogado.
Y a pesar de eso fui, convencido que esta era mi obligación. Acudí para explicar mi actuación, convencido como lo estoy todavía que no he cometido ningún delito, asumiendo como he hecho siempre mi responsabilidad con todos los actos que realicé en el ejercicio del cargo de conceller de Interior de la Generalitat de Catalunya.
Puedo haber cometido errores, pero en ningún caso he comprometido la seguridad de los ciudadanos. Sigo creyendo y luchando por la democracia, la libertad y la justicia. Sigo creyendo y defendiendo el derecho a la libre determinación de Catalunya, el diálogo y el respeto a la pluralidad como única vía para la resolución de los conflictos. Rehuyo y condeno la intolerancia y cualquier actitud o acción violenta. Después de diecinueve meses en prisión estos ideales y mis principios políticos se mantienen firmes. Hoy estoy más convencido que nunca que sólo desde el diálogo seremos capaces de resolver el conflicto político que tenemos planteado.
Muchas gracias
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